PCV continúa exigiendo castigo a los culpables y asignación de tierras a campesinos
Tribuna Popular.- El miércoles 31 de octubre de 2018 se produjo el vil, cobarde y alevoso asesinato de Luis Fajardo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y de la dirección colectiva de la Corriente Clasista Campesina «Nicomedes Abreu» (CCC-NA), junto a Javier Aldana, activista del movimiento campesino.
El hecho ocurrió en el sector La Palma, Nueva Bolivia, municipio Tulio Febres Cordero, del estado Mérida, cuando ambos llegaban en moto a la vivienda de Fajardo tras una jornada de trabajo.
Desde ese momento, y a lo largo de un año, el PCV ha denunciado el caso y demandado del Gobierno nacional y demás instituciones del Estado una investigación profunda y el consecuente castigo ejemplar a los responsables intelectuales, materiales y cómplices del asesinato; pero sin resultados efectivos hasta ahora.
Fajardo, un combativo dirigente campesino, encabezaba, entre otras, la lucha por el rescate del fundo Caño Rico, en el sector Las Veritas, parroquia Gibraltar del municipio Sucre, en el Sur del Lago de Maracaibo, del estado Zulia.
Más de 300 familias, organizadas en consejos campesinos, cooperativas y frentes campesinos, exigían –y aún lo hacen– que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) les regularice la entrega del fundo, para el rescate de 522 hectáreas no cultivadas y que permanecen socialmente ociosas en un 95%.
JUSTICIA EN SU DOBLE DIMENSIÓN
El PCV recordó que el asesinato se ejecutó a pocos días de realizarse la inspección de organismos nacionales en el fundo Caño Rico, «la cual se logró a partir de la presión política y de masas que se hizo».
El Partido del Gallo Rojo ha insistido en que las instituciones del Estado deben responder garantizando no más impunidad, aplicación máxima de la ley a los responsables del asesinato, y solución a las demandas de los campesinos.
En este sentido, los comunistas continúan exigiendo justicia en la doble dimensión: descubrir y sancionar a los autores intelectuales, materiales y cómplices, y la entrega inmediata de las tierras a las familias campesinas reclamantes.
CÍRCULO MAFIOSO Y CRIMINAL
En su momento, Oscar Figuera, secretario general del PCV, resaltó que «a partir de esas luchas, durante meses se llevó a cabo hostigamiento, persecución y amenazas permanentes contra nuestro camarada. Y estas acciones provenían principalmente de Carlos Sulbarán, terrateniente de la zona, y su administrador Héctor Soto», por lo que señaló que debían ser los primeros en investigarse.
El dirigente manifestó que en torno a este asesinato «hay un círculo mafioso del que también forman parte Guly Bert Antúnez, legislador del estado Zulia; el capitán José Villasmil Toro y el sargento Freddy Ojeda, de la Guardia Nacional; y la Fiscalía 21 con sede en Caja Seca, municipio Sucre (Zulia)».
Adicionalmente, expresó que «en esa sociedad de cómplices que opera a favor de los terratenientes, destaca el caso de instituciones que les correspondía actuar y que no lo hicieron, como el INTI y el Ministerio de Agricultura y Tierras, cuyo retraso interesado en la regularización de la entrega de las tierras a las familias campesinas le daba tiempo a los terratenientes para desalojar a los campesinos, destruir sus cosechas e intentar demostrar que las tierras no estaban ocupadas ni productivas por parte de estas familias».
Figuera enfatizó que estas denuncias se hicieron públicas y se formalizaron institucionalmente, pero que «no hubo ninguna respuesta ni medida de la Fiscalía, del Gobierno o de otra institución del Estado para la protección a la vida de los dirigentes campesinos de la zona y particularmente del camarada Luis Fajardo».
LENTITUD INSTITUCIONAL
Una semana después del asesinato de Fajardo y Aldana, el 7 de noviembre de 2018 una comisión del Buró Político del PCV se reunió con la vicefiscal general de la República, Beysce Loreto, y al día siguiente con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a quienes se les expuso el caso con la exigencia de que se haga justicia integral.
Además, se les planteó el atentado al dirigente campesino del PCV en Barinas, Robinson García, el 9 de octubre anterior; la reversión en asignaciones de tierras en beneficio de particulares; graves situaciones en el ámbito laboral; y el incumplimiento del Acuerdo unitario marco PSUV-PCV.
Ambas funcionarias tuvieron buena receptividad en los temas planteados, pero aclararon que el «ejecútese» de varios de ellos dependía del fiscal Tarek William Saab y el presidente Nicolás Maduro, respectivamente, por lo que el PCV les enfatizó la importancia y urgencia de reuniones directas con cada uno, lo cual no se ha materializado hasta el día de hoy.
La laxitud institucional también se constata en el hecho de que el 14 de junio de 2018 (ver TP Nº 2.996), el PCV alertó sobre «las amenazas de muerte contra el camarada Luis Fajardo [y otros dirigentes campesinos]», y reclamó «al Gobierno nacional medidas urgentes que garanticen la seguridad e integridad de estos líderes populares y de sus familias».
Y el 19 de julio de 2018 (TP Nº 2.998), señaló «la actuación impune de funcionarios castrenses, de burócratas del INTI, y de terratenientes civiles y militares […] amenazando la vida de Luis Fajardo».
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