El nuevo Macartismo aplica la censura y criminalización de la denuncia
Por: Carolus Wimmer
En mayo del presente año, el Departamento de Estado de EEUU publicó
su informe anual sobre la tendencia y actividad terrorista internacional
en 2012, en el que sin causar asombro para nadie sigue permaneciendo la
República de Cuba, por ejemplo, como Estado patrocinador del
terrorismo.
En esa ocasión, una portavoz del Departamento, Jennifer Psaki,
resaltó que el documento enfocaba su atención “en la persistente amenaza
que el terrorismo internacional representa para EEUU y sus aliados”.
En esa supuesta lucha contra el “terrorismo internacional y las
amenazas a EEUU”, la doctrina Obama parece confundir el contenido
elemental del derecho internacional público, y convierte la figura del
asilo político en una solicitud de extradición, y viceversa. Es la única
manera en la que se puede entender que mientras la justicia
estadounidense criminaliza las ofertas de asilo que Estados soberanos
han realizado al ex empleado de la CIA, y hoy perseguido político de la
Casa Blanca, Edward Snowden, una serie de terroristas y criminales
convictos, buscados internacionalmente, viven protegidos en territorio
norteamericano.
El luchador antiterrorista René González , uno de los Cinco Héroes
cubanos , denunció ante la Asamblea Nacional de su país la “hipocresía y
doble moral” del gobierno estadounidense en la controversia sobre
“terrorismo y asilo”. Gonzaléz recordó que fue sometido a un proceso
judicial considerado injusto e ilegal por miles de observadores
internacionales, y condenado en 2001, junto a sus cuatro compañeros, por
develar y reportar ante las autoridades estadounidenses planes
terroristas de la contrarrevolución cubana exiliada en EEUU.
Luego de casi 15 años de encarcelamiento y arresto domiciliario
injustificado, González pudo regresar a Cuba, pero cuatro de los 5
Héroes Cubanos, permanecen privados de libertad en condiciones bastante
cuestionables. Al mismo tiempo, muchos delincuentes – señaló González-
se mueven libremente por el territorio de EEUU desde donde planifican
acciones terroristas hacia el resto del mundo con el conocimiento de los
servicios de inteligencia de esa nación.
Y no es un reclamo que se haga desde “la izquierda” o desde el
movimiento antiimperialista en contra de EEUU. Recientemente, el
periodista Wiliam Márquez , corresponsal dela BBC en Washington, en
respuesta al mencionado informe, realizó un trabajo titulado Los Terroristas que ampara EEUU,
en el que destaca “el clásico debate” que existe en la nación
norteamericana sobre quién es “Terrorista” y quién es un “luchador
social”. En su artículo, Márquez se refiere al emblemático caso de Luis
Posada Carriles, prófugo de la justicia venezolana por su confesa
participación en actos de terrorismo en territorio nacional, protegido
abierta y descaradamente por EEUU debido a su militancia anticomunista y
anticastrista.
Criminales solicitados por la justicia venezolana y protegidos por el imperialismo
Sobre ese debate sobre quién es quién dentro del concepto de
terrorismo que maneja Washington, comparemos quiénes podrían ser
definidos de una manera u otra ya que, mientras tienen la anuencia de
EEUU, son buscados y solicitada su extradición por otros países.
Nuestro país no escapa a esta controversia, por el contrario, sus
consecuencias colocan una vez más en evidencia que la oposición
venezolana no es autónoma y está dirigida y financiada desde EEUU y
Europa.
La MAFIA (con mayúsculas) contrarrevolucionaria venezolana en el
extranjero, está tutelada de EEUU a través de una supuesta Asociación de
Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), que se encarga
de reclutar mercenarios de la política para derrocar al legítimo
Gobierno Bolivariano.
Los responsables visibles, financiados para este fin, son: José
Antonio Colina, Presidente de Veppex; Henry Clement, Vice-Presidente de
Veppex; Janet González, Directora de Veppex-EE.UU; Yarina Reyes,
Veppex-Canadá; Marisela Herrera, Veppex-Colombia; Nixon Moreno,
Veppex-Pánama; Gabriel Araujo, Veppex-Costa Rica; Abdel Naime,
Veppex-México; Mario Rocco, Veppex-España; Yonis Quijada, Veppex en
Brasil; Petrick González, Veppex en Ecuador.
Sin embargo hay otros fugitivos de la justicia venezolana que
transitan o viven sin problemas por territorio estadounidense como el
mismo Pedro Carmona Estanga, quien reside en Bogotá y viaja de manera
habitual a EEUU sin que se tome en cuenta la solicitud que pesa sobre él
por el cruento golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.
Daniel Romero, Orlando Urdaneta, Marcos Ferreira, Luis Alberto
Camacho Kairuz, Daniel Comisso, Pedro Pereira Olivares, Juan
Fernández(Golpe de 2002); Patricia Poleo (asesinato de Danilo Anderson);
Joaquim Chaffardet(Cómplice de Posada Carriles), Jose Antonio Colina
Pulido y Raúl Díaz (atentados con bombas contra oficinas diplomáticas de
España y Colombia en Caracas en 2003). Estos prófugos de la justicia
venezolana, sólo por mencionar algunos casos, son reconocidos por el
Congreso Estadounidense como el “Exilio Venezolano”. ¿Cuál es entonces
la diferencia para la justicia estadounidense entre un criminal y un
perseguido político?
Otros casos en América Latina
Nuestro continente conoce a fondo el doble rasero estadounidense en
materia de justicia, pues casi todos los responsables de crímenes
cometidos durante las guerras y dictaduras que azotaron nuestros países
por muchas décadas, son amparados por Washington.
Algunos ejemplos de solicitados por la justicia latinoamericana y protegidos por el imperialismo norteamericano, son el ex -
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de Bolivia y trece ex ministros
de su gobierno, acusados de genocidio en febrero de 2005, por el
asesinato de cerca de unos 60 trabajadores, que protestaron contra la
venta de gas natural a una compañía petrolera estadounidense. Sánchez de
Lozada, es el hombre más rico de Bolivia, goza de asilo político en
EEUU y vive hoy plácidamente en Maryland. Su ex Ministro de defensa,
Carlos Sánchez Berzain , condenado por genocidio en su país vive en
Washington. El Gobierno estadounidense rechazó una solicitud de
extradición de Bolivia.
También el ex – presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, contra quien la
Fiscalía General ecuatoriana inició en 2008 un procedimiento debido al
mal uso de fondos públicos, vive tranquilo y sin problemas en EEUU y
dicta conferencias muy bien remuneradas en las universidades
norteamericanas.
Tampoco el ex jefe de la inteligencia ecuatoriana, Mario Pazmiño
Silva, quien espió para la CIA y vendió secretos de Estado, ni el
también agente de la CIA en Ecuador, Gustavo Lemus, quien entre 1984 y
1988 fue jefe de un departamento especializado en tortura, tienen nada
que temer por sus actos criminales. Tanto Pazmiño Silva como Lemus se
mantienen en la nómina de la CIA y participan en acciones contra los
gobiernos progresistas en la región.
La “cacería” contra Snowden
Con esta explicación, no es de extrañar que el ex empleado de la
Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Edward Snowden, que se atrevió a
revelar la red de espionaje que el imperialismo estadounidense usa para
mantener su status quo, se haya convertido en el perseguido político más famoso de la historia contemporánea.
Gracias a las revelaciones de Snowden, la clase dominante
internacional supo que nadie sobre este planeta está a salvo de las
trampas, escuchas y violaciones de la privacidad. Por su osadía, EEUU ha
emprendido en su contra una verdadera cacería humana, presionando e
intimidando a los gobiernos soberanos que le han ofrecido asilo político
a este ciudadano estadounidense.
Luego de este repaso por la justicia gringa, podemos asegurar que a
Snowden lo espera en EEUU un proceso viciado, como los que se les
hicieron a los Cinco Antiterroristas Cubanos, o correría la misma suerte
del joven soldado Bradley Manning, condenado a cadena perpetua por
decir la verdad sobre los crímenes contra civiles en las guerras de Irak
y Afganistán. Sin vacilaciones, su caso reúne todas las condiciones
para tramitar una solicitud de asilo político.
El Macartismo de Obama: censura y criminalización de las fuentes
Las revelaciones de Snowden han agudizado una suerte de paranoia
macartista en la Oficina Oval. Antes, cualquiera podía ser acusado y
perseguido por comunista, según la nefasta tesis del senador Joseph
Raymond McCarthy, que desató una verdadera cacería de brujas política
durante la guerra fría. Ahora, cualquiera puede ser acusado de “filtrar
información”.
Tal es el caso del general retirado y ex jefe del Estado Mayor de
EEUU, James Catwright, también ex asesor militar de Obama, quién está
siendo investigado desde el pasado 27 de junio bajo la acusación de
supuesto espionaje. Catwright es sospechoso de filtrar datos secretos
sobre la guerra cibernética del Pentágono a redes digitales iraníes en
2010.
Según las investigaciones, el Jefe Militar ayudó a desentrañar una
operación denominada “Juegos Olímpicos”, destinada a sabotear el
programa nuclear con fines civiles que desarrolla Teherán a objeto de
propiciar un ataque israelí a las instalaciones iraníes. Sin duda, estas
revelaciones contribuyeron a no desatar un conflicto bélico entre Irán e
Israel, por lo que echaron por tierra los planes del sionismo en esa
región. Visto desde este ángulo, para muchos el general Catwright,
protegió los intereses de su país. Analista señalan que intereses
políticos lo usan ahora como chivo expiatorio para ocultar la posición
del lobby sionista que aboga por la salida bélica en el enfrentamiento
con Irán.
Estas “revelaciones” y las persecuciones políticas que han desatado,
son la clara muestra del Estado Militar totalitario estadounidense que
cada vez más minimiza el sistema democrático de ese país, censurando y
criminalizando la disidencia, la denuncia y la libertad de expresión y
de información de sus ciudadanas y ciudadanos.
(*) Secretario de Relaciones Internacionales del PCV
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