EL PRESUPUESTO NACIONAL 2015

Análisis sobre créditos adicionales, impuestos, endeudamiento e inversión productiva

Especial de Economía de Tribuna Popular.- Nuevo año, nuevo presupuesto, los mismos problemas, algunos agravados. En verdad es difícil escribir sobre el tema presupuestario sin repetir una vez más lo que ya hemos publicado en ocasiones parecidas a lo largo del último lustro. Este año notamos un nuevo empeoramiento de ciertas tendencias negativas que vienen en desarrollo desde hace años, y pocas novedades de importancia.

Tenemos otra vez un presupuesto fuertemente deficitario, incluso en medida mucho mayor que en años recientes, en vista de que en 2014 hubo un enorme aumento del gasto público por vía de los créditos adicionales. De hecho, durante el año que recién terminó se rompieron dos marcas históricas en esta materia: por primera vez más de la mitad del total del gasto público aprobado provino del mecanismo de los créditos adicionales, y por primera vez ese total superó el billón de bolívares.

En efecto, a los casi 553 millardos de bolívares (MMM Bs) que aprobó originalmente la Asamblea Nacional para el presupuesto ordinario de 2014, se fueron sumando durante el año unos 330 créditos adicionales (número que también podría ser un récord por sí mismo) por un monto que superó los 577 MMM Bs, con lo que el gasto total aprobado en el año pasado excedió de 1.130 MMM Bs (o sea más de un millón de millones), de los cuales más de 51% correspondió a gastos adicionales no originalmente previstos en el presupuesto ordinario.

Créditos extraordinarios para gastos ordinarios

Llevamos diez años consecutivos de la tendencia al crecimiento de los créditos adicionales (salvo por 2009). El uso desmedido de los créditos adicionales –si bien se dedican sobre todo a pago de sueldos y salarios–, conlleva ciertos peligros y daños para la república en diversos sentidos: dificulta la auditoría y seguimiento del gasto público y obstruye la transparencia en esta materia, lo que contribuye a la laxitud administrativa y a diversas formas de corrupción, además de que fomenta la perpetuación de la cultura de la imprevisión, la indisciplina y el desorden, y debilita cualquier esfuerzo que se haga con miras a la planificación y el ordenamiento racional de las finanzas públicas y de la vida nacional en general.

Tras semejante año histórico en materia de falta de rigor y orden administrativo, iniciamos el nuevo año con un presupuesto poco realista y con tantas deficiencias que hace temer que los lamentables récords impuestos en 2014 sean batidos en el curso de 2015.

Con la aprobación del presupuesto para el nuevo año por un monto de 741,7 MMM Bs, no cabe ni la menor duda de que a poco que avance el año comenzará la letanía de créditos adicionales para complementar las deficiencias enormes que deja el presupuesto aprobado (falta por dilucidar cuál será la fuente de esos recursos extra en estos tiempos de «vacas flacas» petroleras).

Puesto que el monto del presupuesto ordinario de este nuevo año es inferior al gasto total del año pasado en unos 390 MMM Bs, habrá un déficit presupuestario al menos igual a ese mismo monto para apenas cubrir los compromisos ya adquiridos por el gobierno, incluso en el supuesto descabellado de que no hubiera ningún nuevo gasto ni inflación alguna en 2015. El Gráfico 1 muestra la evolución reciente del gasto público total y su descomposición en presupuesto ordinario más créditos adicionales.

El grueso de esos créditos adicionales se destinará, como ha sido la costumbre año tras año, al pago de gastos corrientes de la administración pública: salarios, pasivos laborales, gastos ordinarios de funcionamiento. De hecho, de los 577 MMM Bs en créditos adicionales aprobados a lo largo de 2014, se destinaron a estos fines no menos de 410 MMM Bs, alrededor de un 71% del total. Se trata de gastos enteramente previsibles, que todos los años deberían ser contemplados e incluidos en el presupuesto ordinario, y que, al no serlo año tras año, se convierten en fuente de distorsiones cada vez más graves.

Más peso sobre las espaldas más débiles

Otra tendencia que vuelve a agravarse es el creciente peso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como porcentaje del presupuesto de ingresos. Para este año se ha previsto que casi un 42% del total de los ingresos presupuestados provenga de ese impuesto regresivo y antipopular, que lesiona directa y desproporcionadamente la capacidad de compra y el salario real del pueblo trabajador. Es de recordar que en 2008 el IVA aportaba apenas 20% del presupuesto ordinario, y que, tras seis años de aumentos reiterados, alcanzó el año pasado lo que para entonces era un máximo histórico de cerca de 35%.

Y mientras tanto, el impuesto sobre la renta (ISLR) a personas jurídicas, esto es, la contribución fiscal de las empresas por concepto de sus ganancias durante el año, aporta menos de 14% del presupuesto ordinario, un porcentaje incluso menor que en 2014, y dentro del rango de 11 a 14% en que se ha mantenido ya por varios años. Continúa, pues, creciendo el peso del presupuesto sobre las espaldas del pueblo trabajador, mientras las empresas siguen escurriendo el bulto con la venia gubernamental. El Gráfico 2muestra la evolución reciente de las recaudaciones respectivas de esos dos impuestos; en 2008 el Estado recaudaba por concepto de IVA 1,8 veces más que por ISLR a personas jurídicas, proporción que se ha venido agravando año tras año y alcanzó un máximo histórico en 2014: el año pasado la recaudación por IVA fue 3,3 mayor que por ISLR a empresas.

Por ello, parece oportuno recordar de nuevo las propuestas que ha venido levantando el Partido Comunista de Venezuela (PCV) con miras a una reforma integral del sistema tributario venezolano, que incluya la reducción progresiva del IVA hasta su completa abolición a corto plazo, la reestructuración del ISLR aumentando sustancialmente las tasas de impuesto a las personas jurídicas y grandes contribuyentes, y el establecimiento de nuevos impuestos a los capitales financieros y los grandes intereses económicos.

Un destello positivo

Hay que reconocer que el nuevo presupuesto revierte parcialmente otra peligrosa tendencia que se ha criticado duramente por varios años: el crecimiento del endeudamiento público. En este nuevo año, el endeudamiento aportará solamente algo menos de un 14% del presupuesto ordinario, primera vez desde 2010 que el peso de las fuentes financieras cae por debajo de 20% del total de los ingresos presupuestados, y primera vez en más de una década que el monto de endeudamiento autorizado muestra una disminución con respecto al año anterior.

No obstante, el monto de endeudamiento aprobado como parte del presupuesto es todavía enorme, algo más de 100 MMM Bs, lo que resulta agravado por el hecho de que más de la mitad de ese monto será destinado a servicio de deudas previamente contraídas: nuevas deudas para pagar viejas. En total, durante el curso del año se destinarán al pago de intereses sobre deudas contraídas en años anteriores unos 150 MMM Bs (paralelamente, otras deudas preexistentes serán reestructuradas o refinanciadas por un monto de casi 44 MMM Bs).

Es decir que, en pagos de intereses de deudas, se gastará algo más de 20% del total del presupuesto, lo que convierte a este rubro en el principal concepto de gasto de la república: casi una y media veces el total destinado a remuneraciones del personal de todos los entes y órganos del Estado, o algo más del doble del presupuesto asignado al Ministerio de Educación, o casi el cuádruple del presupuesto asignado al Ministerio de Salud.

Si aceptamos como verdadera la inverosímil tasa de cambio de 6,30 bolívares por dólar con la que se calculó el presupuesto, ese monto por servicio de la deuda equivaldría a cerca de 24 MMM de dólares, y esto es sin incluir las deudas autónomas adquiridas por PDVSA y otras empresas descentralizadas de propiedad estatal. Tal cantidad resulta alarmante, especialmente en vista de las dificultades que se avecinan para Venezuela por la enorme dependencia de sus cada vez más menguados ingresos petroleros. La política de endeudamiento que siguió el gobierno desde 2008 hasta 2014, condujo a la triplicación del monto de la deuda consolidada de la república en apenas seis años, y, afortunadamente, parece estar siendo corregida en los últimos tiempos. El Gráfico 3 muestra la evolución reciente del peso del endeudamiento como porcentaje del presupuesto ordinario, y pone a la vista la reducción relativa del nuevo endeudamiento que parece estar en desarrollo.

¿Hacia una Venezuela productiva?

Pero si en materia de endeudamiento hay algunas buenas nuevas, no puede decirse lo mismo en cuanto a la inversión productiva. Sólo 54 MMM Bs, apenas algo más de un 7% del presupuesto, se destinan en 2015 a los llamados «sectores productivos», con lo que se completarán tres años consecutivos de decrecimiento del peso de este componente del gasto anual de la república. Quedan ya algo lejos los años en que se destinaba 10% ó más del presupuesto a inversiones orientadas al desarrollo de una economía soberana, diversificada, armónica, con capacidad tanto para satisfacer la demanda interna del país como para crear oportunidades de exportación generadoras de divisas no petroleras.

Incluso si todo ese monto se destinara efectivamente a inversiones productivas en agricultura, industria manufacturera, comercio y servicios, y no a gastos administrativos ordinarios de los ministerios y entes gubernamentales involucrados en tales actividades, semejante nivel de gastos sería claramente insuficiente para dar impulso significativo a la economía real, que continúa su larga declinación.

Con ese bajísimo nivel de inversiones, se hará todavía más difícil poner en marcha el plan nacional de re-industrialización y estímulo en general a la producción que el PCV ha propuesto reiteradamente como condición necesaria para que nuestro país supere sus cada vez más graves desequilibrios económicos y se encamine al fin hacia la soberanía nacional y el pleno desarrollo. Y esto cuando nos encontramos apenas en el umbral de lo que puede llegar ser la más grave crisis del mercado petrolero mundial en décadas.