EL FANTASMA DE LA DOLARIZACIÓN

Debemos entender las condiciones que la propician y cómo revertirlas a favor del desarrollo económico soberano

Por: Fernando Arribas García. Especial para TP

En las últimas semanas se ha vuelto a hablar de la posible dolarización de la economía nacional, es decir, la sustitución total o parcial del bolívar por el dólar como unidad monetaria y patrón de referencia para el intercambio comercial en nuestro país. El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela se pronunció enérgica e inmediatamente contra tal posibilidad, y días después lo hizo también el presidente Nicolás Maduro.

Ya en otros momentos este tema había despertado debates, aunque nunca antes con tanta fuerza como en esta oportunidad: en algunos medios incluso se habló del posible inicio de negociaciones entre representantes del gobierno nacional y ejecutivos de una de las compañías ensambladoras de vehículos que operan en el país para legalizar la compra-venta en dólares de ciertos bienes y servicios, en particular de vehículos automotores, lo que representaría un muy grave primer paso en la preocupante dirección hacia la dolarización.

El desmentido gubernamental ha alejado por ahora la posibilidad de la dolarización, pero la realidad es que continúa habiendo condiciones objetivas propicias para que ciertos sectores insistan en el tema, ahora o en el futuro cercano. Resulta oportuno, pues, que abordemos el asunto con algo de rigor.

Por qué dolarizar

La dolarización, a primera vista, resulta tremendamente atractiva para países que padecen desequilibrios macroeconómicos como los que atraviesa Venezuela.

Recordemos algunas de las tendencias que hemos venido monitoreando con preocupación desde 2009, y que anunciaban la situación económica a la que ha llegado el país: la inflación venezolana es, desde hace unos 10 años, la más alta del continente y una de las más altas del mundo, con una media anualizada de más de 35% desde 2008; las reservas internacionales de la República se han desplomado desde más de 43 millardos de dólares al cierre de 2008 hasta menos de 18 millardos a mediados de mayo; la balanza de pagos ha arrojado resultados negativos en siete de los últimos ocho años; el resultado presupuestario consolidado de la República ha pasado de un superávit significativo en 2006 a un déficit de cerca de 18% del PIB en 2013 (última cifra disponible); la deuda pública consolidada pasó de apenas un 20% del PIB en 2008 a más de 50% en 2013; la masa monetaria (M2) ha crecido más de 1000% desde 2008 hasta 2014.

Ante semejante panorama, no puede sorprender que la moneda nacional haya sufrido un marcadísimo deterioro en años recientes, tanto en el frente interno como en su relación de cambio frente a otras monedas del mundo. Si a ello sumamos la cada vez mayor escasez de dólares tanto para atender las obligaciones del Estado como para hacer frente a la demanda privada de divisas, y que se deriva en buena medida de estas mismas causas (agravadas en meses recientes por la caída de los precios del petróleo), se comprende que algunos sectores aprovechen para asomar la posibilidad de la dolarización total o parcial, directa o implícita, de la economía nacional como solución a los severos y crecientes desajustes que padecemos.

La dolarización en el mundo

Ante situaciones similares, unos cuantos países han optado en el pasado por semejante medida, y varios, incluyendo algunos de cierta envergadura, mantienen en la actualidad sus economías total o parcialmente dolarizadas.

En Argentina, tras la hiperinflación de los años 80-90 y varios intentos fallidos de restablecer el equilibrio con la introducción de nuevas monedas nacionales, y en un panorama general de debilidad y desorden de las finanzas públicas, se optó, desde 1991 y hasta 2002, por la libre circulación del dólar en igualdad de condiciones con la moneda nacional.

También en Perú, ante el fracaso de la nueva moneda nacional, precipitado por la alta inflación, el excesivo gasto público y la emisión monetaria inorgánica, se permitió desde fines de la década de 1980 la libre circulación del dólar, que llegó a ser en 1991 casi tan usado como la propia moneda nacional.

En Ecuador, luego de varios años de inflación persistente, alto gasto público, rápido endeudamiento y caída de las reservas internacionales, se tomó en 2000 la decisión de descontinuar por completo la moneda nacional y adoptar el dólar estadounidense como único medio de pago legal y obligatorio.

En Zimbabwe, como medida extrema tras el colapso completo de la economía a resultas del grave desorden financiero del Estado y los numerosos errores de política económica cometidos por el gobierno a partir de 2000, se descontinuó por completo la moneda nacional en 2009 y se adoptó la libre circulación de varias divisas internacionales, entre ellas el dólar, el euro y la libra esterlina.

Además de estos dos últimos países, hoy se mantiene la dolarización completa en El Salvador, entre otras pequeñas economías; hay también en el mundo varios casos de dolarización parcial informal u oficiosa.

Efectos de la dolarización

La adopción de una moneda extranjera fuerte como medio de pago y unidad monetaria de referencia para el mercado interno, ha logrado, en general, resultados excelentes en la reducción de la inflación.

En caso tras caso, este recurso ha conducido, en plazos sorprendentemente breves, a una reducción brusca de la tasa de inflación hasta prácticamente igualarla con la existente en el país emisor de la moneda adoptada. Si la moneda en cuestión es el dólar estadounidense, debe tomarse en cuenta que la tasa anual de inflación en EE.UU. no ha alcanzado 10% desde 1981, y se ha mantenido desde hace ya 25 años por debajo de 4%.

El caso ecuatoriano ilustra bastante bien este efecto: en 1999, último año en que circuló el sucre, la tasa de inflación superó el 53%, pero, pese a las dificultades inmediatas que generó el proceso de dolarización, ya para 2001 había caído a cerca de 20%, y desde 2002 jamás ha vuelto a superar 7%.

Más marcado ha sido el caso de Zimbabwe, que, tras alcanzar en 2008 una inflación anual estimada (el gobierno suspendió los reportes oficiales de inflación en octubre de ese año) en billones por ciento, logró apenas un año después del abandono de la moneda nacional una tasa de inflación de sólo 5%.

Las razones por las que ocurre este dramático resultado son muy simples y contundentes, pero al mismo tiempo nos dan la primera alerta acerca del elevadísimo costo que la dolarización tiene para el país en ciertos aspectos muy sensibles: al adoptar una moneda extranjera, el Estado renuncia a cualquier forma de control sobre su política monetaria, y acata la que decida el ente emisor de la moneda adoptada (en el caso del dólar estadounidense, la Junta de la Reserva Federal).

Puesto que no hay más emisión de moneda que la que autorice y efectúe ese ente extranjero, la masa monetaria circulante en el país resulta estrangulada desde afuera, y su tamaño queda fijado y determinado sin posibilidad de variación. Y con la masa monetaria así constreñida, los precios tienen necesariamente que ajustarse a ésta: la suma de los precios de todos los bienes y servicios ofrecidos en el país tiende automáticamente a igualar el tamaño de la masa monetaria existente, y ya que ésta no puede crecer si no lo autoriza el ente emisor extranjero, los precios tampoco pueden aumentar, con lo que la inflación queda sofocada de golpe.

Alarma: por qué no dolarizar

Pero antes de que algún lector se entusiasme con la idea, revisemos lo que el país entregaría, junto con las competencias de emisión de dinero, a cambio de la estabilidad de precios: nada menos que el derecho soberano de establecer y administrar la política monetaria de la República, resolver las políticas de crédito y las tasas de interés, y supervisar el sistema de pagos y la estabilidad del sistema financiero nacional, funciones todas que quedarían total o parcialmente supeditadas a las decisiones de las autoridades del país emisor de la moneda extranjera que se adoptase.

Esto es, quedarían intervenidas las principales funciones que constitucionalmente corresponden al ente regulador del sistema monetario y co-responsable de la estabilidad macroeconómica nacional, el Banco Central de Venezuela (BCV), amén de otras atribuciones que, aunque no corresponden en propiedad a la autoridad monetaria, quedarían también comprometidas, como la de emisión autónoma de deuda pública.

Tal cosa equivale en la práctica a que el Estado reconozca que no es capaz de regularse y disciplinarse a sí mismo, de manera que se entrega a la disciplina «paternal» que le imponga el ente emisor extranjero.

El BCV es quien decide acerca de las tasas de interés vigentes para la banca comercial del país, y lo hace con arreglo a los criterios y políticas de expansión o restricción monetaria que haya establecido en coordinación con el Ejecutivo. Es también el BCV quien establece y regula las políticas de crédito, sus topes, distribución por carteras y otros detalles, con miras al desarrollo equilibrado de la economía nacional. Y es el BCV, asimismo, el ente que supervisa y garantiza el funcionamiento del sistema de pagos, la cámara de compensación, el sistema de reservas bancarias, el encaje bancario obligatorio, y en general el buen funcionamiento del sistema financiero nacional.

Todo ello quedaría severamente comprometido, con grave menoscabo para la soberanía económica y la independencia en general de la República, de adoptarse una moneda extranjera como de curso legal en el país, independientemente de la moneda que sea y del país que la emita.

Pero si se trata del dólar de EE.UU., habrá que agregar a este saldo negativo el daño político que representaría nuestra sumisión al ente regulador de la moneda de un país con cuyos gobiernos tenemos frecuentes y muy justificados encontronazos.

Y no hemos ni mencionado los daños «colaterales» a la dignidad nacional y al patrimonio cultural e histórico del país, que se verían también lesionados por el abandono del que ha sido desde 1879 uno de los símbolos del Estado nacional venezolano.

Qué hacer entonces

La respuesta comienza con otra pregunta: por qué nos encontramos hoy en una situación económica tan espinosa como para que se haya llegado siquiera a plantear la posibilidad de la dolarización.

Revisemos los casos internacionales de dolarización a que nos referimos antes y extraigamos algunos elementos comunes entre ellos y semejantes al caso venezolano actual: en todos hubo un deterioro sostenido de los indicadores macroeconómicos fundamentales, con debilitamiento de la situación financiera del Estado, indisciplina fiscal y desorden en el gasto público y en el manejo del presupuesto de la República, emisión de moneda sin respaldo orgánico y crecimiento acelerado de la masa monetaria, interferencia excesiva del gobierno en el funcionamiento del ente emisor, caída de las reservas internacionales, crecimiento rápido del endeudamiento público, inflación sostenida.

En suma, Venezuela ha seguido en la última década, casi sin desvío, una ruta que conduce inexorablemente al decaimiento económico de la República –lo cual ha sido advertido desde hace años por el PCV–, y que en el pasado ha llevado a más de un país a la dolarización. Y en consecuencia, la respuesta a la pregunta inicial pasa por revertir todas esas tendencias que se han agudizado a partir de 2007-2008.

Se requiere evitar que la moneda nacional continúe su deterioro y el país se aproxime cada vez más a la odiosa posibilidad de la dolarización. Para ello, deben establecerse mecanismos que, por ejemplo, regulen más estrictamente el manejo de la reserva internacional y garanticen que se mantenga en el más alto nivel posible; además, es necesario hacer cumplir mecanismos ya existentes, como la disposición constitucional que prohíbe al BCV «convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias», o la que exige el mantenimiento de un fondo de estabilización macroeconómica capaz de «garantizar la estabilidad de los gastos del Estado».

La inflación

En cuanto a la inflación, aunque ésta se debe en última instancia a deficiencias estructurales profundas en la economía real que generan un desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios en el mercado nacional, y no a desarreglos monetarios, es de destacar que medidas del gobierno, avaladas por el BCV, han sobreestimulado la demanda y exacerbado el crecimiento de la masa monetaria, con lo que se ha contribuido al agravamiento de la inflación. El gobierno, desde hace ya muchos años, ha incurrido numerosas veces en aumentos del gasto público sin contar con condiciones económicas que garanticen la sostenibilidad de tales gastos; y el BCV, especialmente en los últimos siete u ocho años, ha accedido a financiar ese déficit fiscal emitiendo nuevo dinero sin contar con el respaldo orgánico debido.

Téngase claro que ni el crecimiento de la masa monetaria es la causa principal de la inflación ni su reducción conduce a la cura definitiva de tal enfermedad (tesis fundamental de la antipopular doctrina económica llamada «monetarista»); pero, en nuestras actuales condiciones, en que la liquidez efectivamente ha crecido a velocidades muchísimo mayores que la economía real, una política de control más estricto en este sentido nos traería sin duda algún alivio.

En resumen, si nuestras autoridades, tanto gubernamentales como monetarias, aprenden a autoregularse y a planificar y organizar mejor el funcionamiento del sistema económico nacional en general, –además de abonar al desarrollo independiente, industrialización con soberanía y una economía diversificada– harían desaparecer del panorama, de una vez y para siempre, la abominable posibilidad de dolarizar la economía, que en el fondo no es otra cosa que renunciar a uno de los elementos constitutivos de la soberanía nacional, y acceder a someter al país a la disciplina que, a falta de una autoimpuesta, nos imponga a su criterio la autoridad monetaria de algún país extranjero.