A 45 años del allanamiento de la UCV continúa la lucha del movimiento estudiantil revolucionario
Tribuna Popular TP/Prensa JCV.-Hace 45 años, el 31 de octubre de 1969, fue allanada la Universidad Central de Venezuela (UCV); hecho que marcaría un antes y un después de la universidad venezolana, no sólo por la violación reiterada de la autonomía y por los altos niveles de represión contra la comunidad universitaria, sino porque preparó el terreno para entregar nuestro sistema universitario a las potencias extranjeras.
Durante los años 60, centenares de estudiantes universitarios pasarían a las filas guerrilleras y a constituir las Unidades Tácticas de Combate (UTC) de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), dirigidas por el Partido Comunista de Venezuela y el MIR (división de izquierda de Acción Democrática).
En el seno de la universidad emergió un importante componente de intelectualidad revolucionaria; una comunidad universitaria comprometida con el desarrollo y dominio de la ciencia a favor de los intereses nacionales. Los centros universitarios se convirtieron en focos de resistencia e insurgencia contra el puntofijismo.
El 14 de diciembre de 1966, el gobierno de Raúl Leoni allana la UCV y son detenidas 700 personas. Dos años más tarde, la Juventud Comunista triunfa en las elecciones de la FCU; el debate sobre el papel que jugaba nuestro sistema educativo en la sociedad persiste y en este contexto nace el movimiento universitario denominado «Renovación», catalogado como uno de los episodios más significativos de la historia de la universidad latinoamericana después del movimiento estudiantil de Córdoba (1918).
Operación Canguro “brinca” más allá de la UCV
El 26 de septiembre de 1969 se conoce la noticia de la desaparición del estudiante de la UCV Luis Alberto Hernández. Tres días más tarde, durante una de las jornadas de protesta por el asesinato del joven de Sociología y Antropología, cinco estudiantes fueron heridos y otros 85 detenidos. En una cadena nacional, el presidente Rafael Caldera califica el asalto a la UCV como una “toma preventiva” para capturar a supuestos francotiradores escondidos.
El plan continuó y recibió el nombre de Operación Canguro. El 31 de octubre, a las 5:30 de la tarde, la Guardia Nacional y la brigada de Cazadores y francotiradores del Ejército irrumpió en la UCV: 10 estudiantes fueron asesinados; medio centenar detenidos y torturados.
Simultáneamente, otro contingente había tomado los alrededores de las facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad de los Andes y los rectorados de la Universidad del Zulia y de Carabobo fueron allanados. En Maracay, diversas unidades del Ejército y la policía reprimieron una manifestación de estudiantes. El saldo fue de 20 heridos y 70 detenidos, enviados posteriormente al retén de Puerto Cabello.
Las revueltas continuaron; los profesores de educación media se alzaron en huelga y se agudizaba el clima de conflictividad; en las calles se exigía justicia ante los asesinatos y transformaciones profundas al sistema educativo y a la sociedad venezolana.
El 18 de noviembre se desarrolla una protesta estudiantil en la ciudad de Mérida que culminó con el allanamiento de la Facultad de Medicina de la ULA. Cientos de heridos y el asesinato del militante revolucionario Domingo Salazar, presidente del Centro de Estudiantes de Medicina, ensombrecieron el panorama.
La campaña gubernamental anti-universitaria iba en ascenso. En julio de 1970 la Universidad de Oriente es allanada y los trabajadores de la UCV se declaran en huelga por 36 días.
La cruzada de descrédito contra la Universidad no tenía fronteras. En un discurso pronunciado el 3 de septiembre de ese año, Jesús María Bianco, rector de la UCV y defensor del proceso renovador, denunció que la violación de la autonomía era “un objetivo irreductible de la estrategia de dominación foránea”.
La última estocada fue el pacto entre los congresistas de AD y Copei para aprobar una nueva Ley de Universidades, promulgada por el presidente Caldera el 8 de septiembre de 1970.
Al renunciar al cargo de rector de la UCV, 23 de octubre de 1970, Bianco calificó esta Ley como “un primer paso hacia la neo colonización que ya está en curso y que tiene como objetivo último implantar un orden institucional en el que no haya condiciones para luchar contra la subyugación de nuestro pueblo.”
¡Por una Universidad democrática y popular!
Es hora de que el movimiento estudiantil revolucionario culmine lo que empezó el movimiento por la renovación universitaria y conquistemos a través de una nueva Ley de Educación Universitaria (LEU) un modelo universitario acorde a las necesidades del país; que impulse el desarrollo científico y técnico; que nos permita avanzar en la diversificación de la economía nacional; superar el rentismo y avanzar hacia una economía productiva, soberana e independiente:
Universidad Democrática: demandamos la democratización de los espacios de gobierno y cogobierno; el reconocimiento de los derechos políticos de las y los trabajadores como parte de la comunidad universitaria; la separación de atribuciones concentradas en el Consejo Universitario; que la toma de decisiones de los estudiantes –junto a los trabajadores– sea de carácter vinculante para las políticas universitarias.
Universidad Científica: La educación universitaria debe ser orientada a la creación de ciencia y tecnología para el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Demandamos programas curriculares y desarrollo de la investigación universitaria en función de las necesidades de desarrollo económico independiente de Venezuela.
Autonomía responsable y con pertinencia social: la Universidad es parte integral de la sociedad y no un Estado dentro de un Estado. La autonomía es la capacidad para afrontar el estudio de la ciencia y el conocimiento sin presiones; promover la libre discusión en favor de los intereses del país y del pueblo trabajador.
Presupuesto necesario y Control Social: resulta necesario la definición de fórmulas mediante las cuales se otorguen los presupuestos necesarios, pero sometidos a criterios de diferenciación. Las autoridades deben presentar informe anual detallado ante los miembros de la universidad, comunidad y Estado.
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