Por: César Quintero Ríos.
Especial para TP
Según vimos, la Unidad Popular chilena enfocaba su programa de gobierno en justas tareas antiimperialistas y antioligárquicas, que generaran el quiebre del sistema tradicional de dominación y la construcción de un modelo de desarrollo autónomo y democrático, con perspectivas socialistas.
Por ejemplo, se cumplieron tareas antilatifundistas que modificaron de forma profunda el régimen de propiedad de la tierra, liquidando el latifundio tradicional (de 55,3% en 1965 a 2,9% en 1972 del total de la superficie), pero, generando formas asociativas capitalistas. Se nacionalizó la actividad minera (cobre, salitre, hierro, carbón), además de la electricidad, teléfono, cemento, acero, entre otras áreas estratégicas. Con esto se aseguraba el control de las actividades importantes que dinamizan la economía nacional y promueven la entrada de divisas.
El sistema bancario tuvo importantes transformaciones, con 16 bancos con el Estado como accionista mayoritario y 5 totalmente intervenidos, de un total de 26 a nivel nacional. El Estado controlaba el 85% de las exportaciones y el 60% de las importaciones, sin embargo los canales de distribución mayorista continuaban en manos del sector privado.
Se fortalece el poder del sector estatal industrial, afectando fuertemente a la gran burguesía monopólica, pero sin herirla de muerte. Este proceso estatizador refleja también las condiciones de la lucha de clases y las jugadas gubernamentales para evitar la crisis política: en 1972, de 151 empresas intervenidas, como respuesta al sabotaje económico, fueron devueltas 41, como parte de las negociaciones posteriores al paro de octubre de ese año; en cambio, en 1971, de 167 empresas intervenidas, apenas se devolvieron 27.
El primer año de gobierno se promovió una política redistributiva, consumista y de recuperación económica a través del aumento de los salarios reales, procurando la ocupación plena de la fuerza y equipos de trabajo. Esta decisión generó resultados muy positivos, como un aumento del PIB en 8,3%; aumento de 14,6% de la producción industrial; una tasa de desocupación de 3,9 en diciembre de 1972 (estaba en 8,3 en 1970); inflación de 22,1% (1971) frente al 35% de 1970; aumento satisfactorio de salarios y aumento del consumo familiar en 15%.
A pesar de esta situación favorable al gobierno y al pueblo trabajador, la estructura económica chilena daba muestras de sus limitaciones y desequilibrios: a) rasgos de burocratismo en el manejo del sector estatal y ausencia de un efectivo control obrero sobre la producción y distribución; b) la inflación en el sector estatal fue casi cero, aportando a la reducción de la inflación global, pero afectando la reproducción económica de este sector; c) récord en la expansión monetaria producto del gasto fiscal, lo cual ayudó a reactivar la economía pero también generó importantes presiones inflacionarias desde 1972, además esta gran masa de dinero se concentró principalmente en el sector privado, dedicado especialmente a las inversiones en actividades no productivas pero altamente rentables (especulación, distribución, servicios, etc.); d) aumento de las importaciones para satisfacer la demanda interna, con precios internacionales de las materias primas desfavorables para la exportación chilena y cese de inversiones y préstamos externos por orientación del imperialismo, lo cual generó incapacidad de ahorro y un déficit en la balanza de pagos.
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