ANÁLISIS: LAS NUEVAS MEDIDAS ECONÓMICAS

Caracas, 4 mar. 2016, Tribuna Popular TP.- Tras semanas de expectativa y en medio de un agravamiento de la dinámica económica nacional desde principios de año, el Presidente de la República anunció finalmente, el pasado 17 de febrero, un conjunto de mecanismos y políticas para atender la actual situación de emergencia. Entre las decisiones anunciadas destacan las que tienen que ver con el régimen cambiario, con la racionalización de algunos subsidios (particularmente el de la gasolina), y con los nuevos aumentos de salario mínimo, pensiones y bono alimentario.

Aunque la orientación básica de estas nuevas medidas parece correcta en general, su impacto beneficioso para las finanzas públicas y para la economía familiar y personal de las y los trabajadores, muy probablemente se verá restringido por sus limitaciones y su retraso.

Aumento de salario

Una vez más, el gobierno ha decretado un aumento del salario mínimo y las pensiones, esta vez de 20%, con lo que alcanzarán 11.578 bolívares mensuales. En primer lugar, ante la inflación galopante que padece el país, de más de 180% anual según el índice general de precios (INPC) y de un 315% anual en alimentos y bebidas, el aumento de salario mínimo y pensiones resulta muy insuficiente para siquiera restaurar el poder adquisitivo de las y los trabajadores y el pueblo en general. De mantenerse desde enero de 2016 la tasa inflacionaria media que sufrimos en el segundo semestre de 2015, ese aumento ya fue devorado por las alzas de precios incluso antes de haber sido decretado (y todo indica que este año la inflación tiende a agravarse).

En segundo lugar, el aumento del salario mínimo sólo beneficia a algunas capas de la clase trabajadora, y excluye a todos aquellos cuyo salario supera el mínimo legal. Una y otra vez a lo largo de los últimos años se ha producido esta clase de aumentos sectoriales, por lo que se ha desarrollado una tendencia de aplanamiento de la escala laboral que ha perjudicado de manera desproporcionada la capacidad adquisitiva de vastos sectores de la clase trabajadora. Al respecto, el PCV insistentemente ha planteado que lo correcto es un aumento general escalonado de salarios, que tome en cuenta de manera especial a los sectores más vulnerables, pero que atienda también las necesidades del resto del pueblo trabajador.

Y en tercer lugar, aunque el aumento simultáneo del bono de alimentación en cerca de 100% (a 13.275 Bs.) alivia en alguna medida el deterioro del nivel de ingresos de una parte del pueblo, debe observarse que este aumento crea una seria distorsión en la estructura salarial nacional: todos quienes devengan salario mínimo recibirán a partir de ahora más dinero por este bono complementario que por su salario nominal. Y esto tiene implicaciones nocivas en los beneficios y prestaciones laborales, que son calculados sobre la base del cada vez más deficiente salario básico de las y los trabajadores, y no sobre sus ingresos integrales.

Régimen cambiario

Es sin dudas un modesto aunque tardío avance el que se haya simplificado el régimen cambiario, de las tres tasas que hasta ahora estuvieron vigentes, a las dos nuevas tasas: una “protegida” a 10 bolívares por dólar, y una “flotante” que se inició a 200 Bs/US$. Es un avance porque todo paso que se dé en la dirección de sincerar el valor real de la moneda nacional y eliminar o reducir los subsidios a quienes adquieren divisas a los precios muy ventajosos que ha mantenido artificialmente el Estado,  redundará tarde o temprano en un fortalecimiento de las muy mermadas arcas públicas.

Pero es modesto y tardío porque ya hace varios años que debió eliminarse la hasta ahora vigente tasa de 6,30 Bs/US$, y porque tampoco la nueva tasa de 10 Bs/US$ luce adecuada: pudo aprovecharse esta oportunidad para establecer de una vez una tasa mucho mayor y más cercana al valor real del bolívar. El argumento tradicional de que no se debía hacer tal cosa para evitar una escalada inflacionaria carece de vigencia en esta oportunidad, puesto que hace años que los precios en el mercado nacional se han venido calculando sobre la base de tasas cambiarias mucho más desventajosas que la oficial y que el valor real de nuestra moneda, y ya hemos sufrido con creces el impacto inflacionario de semejante práctica.

Por otra parte, en cuanto al nuevo mecanismo cambiario “flotante”, hay graves dudas de que llegue efectivamente a funcionar según se ha anunciado, puesto que la escasez de dólares en el país es cada vez más severa. Ni los particulares, ni el Banco Central de Venezuela, ni PDVSA están en condiciones de ofrecer dólares en cantidades suficientes para satisfacer la enorme demanda de divisas del país, tanto la corriente como la represada desde que comenzaron a agudizarse las dificultades económicas de Venezuela hace ya más de cinco años. Y sin oferta suficiente, el llamado mercado “flotante” podría colapsar como ya lo hicieron el SITME en 2012, el SICAD en 2014, y el SIMADI que acaba de ser sustituido por este nuevo mecanismo.